La abogada del concejal del municipio de Tarija, Juan Marcelo Chumacero Romero, afirmó que los informes del médico forense y del laboratorio de Biología Forense del IDIF no evidencian la existencia de una agresión sexual en el caso por el cual su defendido se encuentra con detención preventiva.
Según la jurista, el médico forense determinó durante la valoración física de la denunciante que no existían lesiones genitales y que, en sus conclusiones, no se establecía la existencia de una agresión sexual.
“El médico forense ha determinado de que no existe ninguna lesión genital en la víctima”, sostuvo la abogada, quien agregó que la conclusión del examen establece que no existe agresión sexual.
La representante legal explicó que el mismo médico forense había señalado la necesidad de realizar un examen de laboratorio para establecer si existió o no contacto sexual, a partir de las muestras obtenidas de la denunciante.
De acuerdo con la abogada, el laboratorio de Biología Forense del IDIF emitió sus conclusiones el día anterior y estableció que no se observaron espermatozoides en las muestras analizadas.
“Este laboratorio, que es también del IDIF, ha sacado sus conclusiones el día de ayer donde dice que no existen espermatozoides, no se han observado espermatozoides”, manifestó.
La jurista sostuvo que ambos elementos periciales, tanto la valoración física como el análisis de laboratorio, respaldarían la posición de la defensa respecto a que no existió contacto sexual.
“Entonces, no ha habido contacto sexual, no ha habido ese acceso carnal que es el elemento fundamental para la violación”, afirmó la abogada.
En ese contexto, la defensa cuestionó que el órgano jurisdiccional mantenga la medida de detención preventiva contra Chumacero pese a las conclusiones de las pericias mencionadas.
La abogada señaló que, según su interpretación, la acusación se mantiene a partir de declaraciones testificales, entre ellas las del esposo de la denunciante y el hermano del esposo, a quienes identificó como testigos dentro del caso.
“Nos llama mucho la atención de que aquí existen las pruebas documentales, periciales, la opinión de los expertos de que no existe una violación y que el órgano jurisdiccional persista con manifestar que sí hay”, cuestionó.
La representante legal sostuvo que, en delitos como violación y lesiones, las pruebas periciales adquieren especial importancia para establecer los resultados de los hechos investigados.
Para explicar su posición, planteó una comparación sobre el valor de las declaraciones testificales frente a una valoración médico-forense.
“Yo puedo decir, ‘Yo he visto que le han dado 20 puñaladas a una persona’, pero si el médico forense dice que no tiene nada en su cuerpo, ¿a quién van a creer? ¿A los testigos o al médico forense?”, expresó.
La abogada calificó como preocupante que, pese a las pruebas documentales y periciales mencionadas, se mantenga la privación de libertad de su defendido.
“Eso es realmente una barbaridad y nos tiene que alarmar a todos”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la aplicación de la Ley 348, señalando que, a su criterio, la situación expone la gravedad que puede alcanzar la actuación de las autoridades cuando se mantiene una medida de detención bajo estas circunstancias.
La jurista sostuvo que los abogados observan situaciones similares y consideró que debe existir razonabilidad por parte de las autoridades al momento de actuar en este tipo de procesos.
“Lamentablemente tiene que haber una forma de razonabilidad de las autoridades para actuar en estos casos”, manifestó.
La defensa también cuestionó lo que considera un tratamiento diferente entre el concejal investigado y el esposo de la denunciante. Según la abogada, el informe médico habría establecido que la mujer presentaba policontusiones producto de una agresión física y que esta le habría ocasionado tres días de impedimento.
“Lo único que hay es policontusión, por la paliza que le dio el marido a la señora”, afirmó.
La abogada sostuvo que, pese a esta situación, el esposo de la denunciante se encontraría en libertad y que, según su versión, no habría sido convocado a prestar declaración dentro de la investigación.
También afirmó que el esposo habría expulsado a la mujer de la vivienda.
“El esposo que le ha dado una golpiza a la señora, le ha ocasionado tres días de impedimento, está libre y a él ni siquiera le han iniciado proceso, ni siquiera lo han convocado a prestar su declaración dentro de esta investigación”, sostuvo.
Finalmente, la abogada cuestionó que Juan Marcelo Chumacero permanezca privado de libertad mientras el esposo de la denunciante, a quien atribuye la agresión física, se encuentre libre.
“Él está feliz, el señor, en la casa, después de que le ha dado la golpiza a la mujer, mientras que el amigo que fue a compartir al que le acusan de violación está preso en la cárcel”, concluyó.
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